Bloomberg Línea — El crecimiento económico sostenido depende, en gran medida, de la capacidad de un país para construir y mantener su infraestructura. Y en el caso colombiano, el debilitamiento reciente del sector de obras civiles ha puesto en evidencia que el desarrollo productivo y territorial no puede sostenerse sin inversión constante en vías, transporte y conectividad.
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“La remontada en la inversión será uno de los retos centrales para que Colombia recupere su senda de crecimiento, y en ese esfuerzo la infraestructura debe volver a ocupar un papel protagónico”, señaló el equipo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, la corporación financiera del Grupo Aval.
Los investigadores advierten que el sector de obras civiles “se encuentra cerca de 36% por debajo de su nivel prepandemia, acumulando un deterioro que no tiene precedentes en las últimas tres décadas”.
Durante buena parte de las primeras dos décadas del siglo XXI, la infraestructura se consolidó como uno de los motores más dinámicos de la economía nacional. De acuerdo con la entidad, “entre 2005 y 2019, mientras el PIB nacional avanzó a una tasa promedio anual de 4%, el sector de infraestructura creció al 8,3% anual, duplicando el ritmo de la economía”.
Este comportamiento confirmó que la infraestructura no solo impulsa la inversión directa, sino que también mejora la competitividad, facilita la integración territorial y fortalece las cadenas productivas.
Sin embargo, el escenario cambió de manera significativa tras la pandemia. El informe advierte que “entre 2020 y 2025, el PIB creció en promedio 2,7% anual, pero las obras civiles registraron una contracción cercana al 6% por año”, convirtiéndose en uno de los factores que explican el bajo dinamismo económico reciente.
Esta caída no sólo refleja un choque coyuntural, sino una ruptura en el ciclo de inversión que había sostenido el crecimiento del sector durante años.
Uno de los elementos centrales que explica este deterioro ha sido el vacío generado entre los programas de concesiones viales.
Según la firma, “mientras los proyectos 4G en operación o construcción alcanzan una ejecución promedio del 92,7%, solo cuatro proyectos 5G han iniciado obra”, lo que dejó un espacio significativo sin ejecución en uno de los sectores más estratégicos de la infraestructura nacional.
La transición entre ambos programas no ocurrió con la velocidad prevista, generando un rezago que aún pesa sobre la dinámica del sector.
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Este rezago también se relaciona con factores institucionales y regulatorios que han afectado la confianza del sector privado.
El informe destaca que “se ha profundizado una creciente incertidumbre contractual desde el nivel nacional, marcada por dudas sobre el pago de vigencias futuras, retrasos en la aplicación de ajustes tarifarios y señales regulatorias ambiguas”.
Estas condiciones han elevado la percepción de riesgo y reducido los incentivos para estructurar nuevos proyectos, lo que ha limitado la capacidad de recuperación del sector.
A estas dificultades se suma un entorno macroeconómico más exigente. La entidad señala que “los próximos años estarán marcados por retos estructurales importantes, en particular unas finanzas públicas más restringidas”, lo que obligará al país a realizar “un ajuste de entre 3 y 4 puntos del PIB para volver a cumplir la regla fiscal en 2028”.
Este contexto implica que el espacio fiscal para financiar grandes proyectos será cada vez más limitado, obligando a replantear las estrategias tradicionales de inversión pública.
El desafío es particularmente significativo si se considera la magnitud de las necesidades futuras. De acuerdo con los investigadores, “la inversión requerida en infraestructura multimodal entre 2023 y 2035 asciende a COP$146 billones”, lo que evidencia que el país enfrenta una brecha considerable en materia de conectividad y transporte. Cerrar esa brecha exige mantener un ritmo de crecimiento elevado en el sector durante varios años consecutivos.
En ese sentido, la meta planteada para los próximos años es ambiciosa. El informe sostiene que “para cerrar la brecha frente a los niveles prepandemia hacia 2030, el sector deberá crecer a una tasa promedio de 7,5% anual entre 2026 y 2030”.
Aunque el objetivo parece exigente, la experiencia histórica demuestra que es alcanzable bajo condiciones adecuadas de inversión y estabilidad institucional.
Una parte importante de la estrategia para recuperar el dinamismo del sector radica en fortalecer el papel de las regiones. La firma destaca que, pese al rezago en algunos proyectos nacionales, los gobiernos territoriales han logrado avances relevantes.
En este contexto, “las iniciativas territoriales han evitado un rezago aún mayor”, evidenciando que los gobiernos subnacionales cuentan con capacidades técnicas y financieras que pueden ser aprovechadas para impulsar el desarrollo regional.
Asimismo, la diversificación de los mecanismos de financiamiento aparece como una condición esencial para sostener la inversión en un entorno de tasas de interés más altas.
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El informe señala que será necesario avanzar hacia “esquemas más flexibles, como pagos por unidades de funcionamiento”, que permitan aliviar las presiones financieras en las etapas iniciales de los proyectos y facilitar su viabilidad económica.
En última instancia, el papel de la infraestructura trasciende el ámbito económico y se convierte en un factor estructural del desarrollo territorial.
La entidad concluye que “la infraestructura debe reafirmarse como una política de Estado: una herramienta de competitividad y desarrollo territorial, capaz de atraer inversión privada, movilizar recursos públicos de manera eficiente y generar las condiciones para que el país crezca al ritmo de su potencial”.
Este planteamiento resume la idea central de que el crecimiento económico no depende únicamente de variables macroeconómicas, sino también de la capacidad material del país para conectar sus territorios y sostener su actividad productiva mediante obras que impulsen la integración y la competitividad.
