Bloomberg Línea — El capital global con enfoque social y ambiental ha dejado de ser un nicho filantrópico para convertirse en un motor financiero de primer orden.
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Con un volumen estimado de US$1,6 billones a nivel mundial y una tasa de crecimiento anual compuesta cercana al 21% entre 2019 y 2024, la inversión de impacto se presenta como la respuesta concreta a problemas estructurales como el cambio climático y la exclusión financiera.
En ese escenario, Centroamérica busca posicionarse como un ecosistema dinámico capaz de gestionar y movilizar recursos hacia inversiones realizadas con la intención de generar, además de un retorno financiero, un impacto social y ambiental positivo, medible y verificable.
Un nuevo informe elaborado por INCAE Business School, la Plataforma de Inversión de Impacto Centroamericana (PiiC) y GSG Impact, con financiamiento del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá, revela que América Latina crece a un ritmo del 15% anual en esta materia.
Mientras Centroamérica, si bien la inversión de impacto aún se encuentra en una fase temprana, ya se perciben señales alentadoras. Los intermediarios activos gestionan un estimado de US$420 millones en capital dirigido a sectores como agricultura sostenible y alimentación, clima y conservación, y agua y saneamiento, y otros.
Sin embargo, la barrera no es la escasez de dinero, sino la “persistencia de fricciones estructurales” que limitan su integración sistémica.
El estudio, que combina una revisión de literatura especializada con 23 entrevistas en profundidad a actores clave, revela dos realidades contrastantes en Costa Rica y Guatemala, los mercados analizados para la investigación.
Los autores destacan que “Costa Rica cuenta con una institucionalidad sólida pero subutilizada”, mientras que “Guatemala destaca por un ecosistema emprendedor ágil y dinámico, limitado por debilidades estructurales”.
En el caso costarricense, el país ha construido una base robusta en sostenibilidad ambiental y gobernanza democrática, con hitos como la Taxonomía de Finanzas Sostenibles publicada en agosto de 2024 y la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera de Sostenibilidad (NIIF S1 y S2).
A pesar de contar con más de un millón de hectáreas bajo esquemas de conservación y ser el primer país de América Latina en recibir pagos del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), el país aún no ha logrado convertirlas en un ecosistema dinámico de inversión de impacto.
Las entrevistas sugieren una cultura financiera relativamente conservadora, instituciones que operan de forma aislada y una desconexión entre normativa y necesidades de emprendimientos de impacto.
Una voz consultada en el estudio urge a “reducir la tramitología, que se ha convertido en un fin en sí mismo y genera desconfianza entre los sectores público y privado”.
La desconexión entre entidades ambientales y las financieras, tanto públicas como privadas, impide que las herramientas de financiamiento combinado (blended finance) o los esquemas de pago por resultados se utilicen a escala.
Por el contrario, Guatemala muestra un panorama donde la innovación nace de la escasez. Con mejoras recientes en la reducción de costos para registrar empresas y una reciente Taxonomía de Finanzas Sostenibles, el país ha visto surgir hubs tecnológicos y soluciones en salud digital y agricultura sostenible.
Allí, según un entrevistado, “no esperamos que el gobierno nos diga qué hacer; encontramos soluciones y después buscamos cómo regularizarlas”.
No obstante, este dinamismo que “viene desde abajo, no desde arriba”, choca con una institucionalidad pública débil y marcos regulatorios que generan incertidumbre jurídica, lo que desalienta a los inversionistas y frena los nuevos emprendimientos.
La confusión de mercado
El informe también identificó la “brecha crítica en el financiamiento intermedio” o missing middle, referido al vacío que afecta a empresas que ya superaron la etapa inicial (semilla), pero que todavía no califican para financiamiento bancario o comercial tradicional.
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Según los autores, este cuello de botella afecta especialmente a modelos híbridos, es decir, empresas con alto impacto social o ambiental, aunque con retornos financieros moderados, que no resultan lo suficientemente atractivos para fondos de capital de riesgo ni cumplen con los requisitos de los bancos.
Estudios internacionales señalan que la brecha suele concentrarse en el rango de financiamiento entre US$50.000 y US$2 millones, justo donde muchas empresas de impacto requieren capital para escalar sus operaciones.
A esto se suma un problema de percepción. Pese a que la evidencia global demuestra que el 99% de los inversores de impacto cumplieron o superaron sus expectativas de rendimiento —y el 88% cumplió o superó sus expectativas de rendimiento financiero—, en la región persiste la confusión entre filantropía, criterios ESG e inversión de impacto.
“Para muchos de nuestros clientes, si tiene impacto social, entonces no puede dar retornos atractivos. Esa es la mentalidad que debemos cambiar”, señaló un intermediario entrevistado.
El rol del Estado
El documento sostiene que el desarrollo del ecosistema dependerá de que el Estado deje de actuar como un regulador pasivo y que adopte tres roles complementarios: participante del mercado (invirtiendo o contratando con impacto), facilitador (creando incentivos) y regulador creíble.
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Para Costa Rica, recomiendan proponen una “estrategia de activación”, con la creación de una “Zona Franca de Impacto” que ofrezca incentivos fiscales diferenciados y trámites simplificados, así como el lanzamiento de programas como “Costa Rica Emprende con Impacto” para “romper con la idea de que hay que elegir entre impacto y retorno financiero”.
Para Guatemala, la ruta es de “escalamiento ágil” y la propuesta incluye implementar un “carril rápido” (fast-track) regulatorio para emprendimientos de impacto y crear un programa de acompañamiento para empresas que ya tienen tracción en el mercado, enfocándose en sectores como la educación alternativa y la alimentación sostenible.
Los expertos destacan que el istmo cuenta con activos únicos, como su biodiversidad, una población joven, cercanía a grandes mercados y una amplia experiencia en cooperación internacional, que se suman a un contexto actual favorable, gracias al interés global por las finanzas sostenibles y los criterios ESG que están en su punto más alto.
“Con políticas públicas acertadas, la región tiene la oportunidad de consolidarse como un destino prioritario para el capital de impacto en los próximos cinco años”, dice el informe.
