Bloomberg Línea — El enfoque que adoptará el nuevo Gobierno tras las elecciones de este 31 de mayo sobre el salario mínimo en Colombia será clave para contener la inflación sin afectar el poder adquisitivo de los trabajadores.
En medio del proceso electoral en Colombia, el debate sobre los desafíos que generaría un aumento del salario mínimo por encima de la inflación empieza a perfilarse como uno de los temas centrales de la agenda económica hacia el futuro luego del ajuste del 23% anunciado por la administración de Gustavo Petro para 2026.
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En Colombia, el salario mínimo no solo tiene influencia en los ingresos laborales, sino que también impacta múltiples variables indexadas como cánones y contratos, algunas indemnizaciones, requisitos legales, aportes a seguridad social y costos empresariales.
Aunque el aumento del salario mínimo de 2026 apuntó a proteger el poder adquisitivo y dinamizar el consumo, sus efectos ya comienzan a reflejarse en mayores costos laborales, presiones sobre la inflación de servicios y ajustes en la estructura de las empresas, especialmente en sectores intensivos en mano de obra, según fuentes consultadas por Bloomberg Línea.
Si el salario mínimo sube por encima de la inflación en 2027 representaría “un aumento muy importante en los costos operativos de las empresas”, dijo a Bloomberg Línea el director para la Región Andina de la consultora Control Risks, Theodore Kahn. “No solamente por la cantidad de empleados que ganan un salario mínimo, sino porque el nivel de mínimo está indexado a varios otros precios, de servicios públicos y otros pagos no salariales que deben hacer las empresas”.
Según Theodore Kahn, el impacto no es uniforme entre industrias puesto que impactaría más en sectores intensivos en mano de obra de relativamente bajo nivel educativo.
“Va a haber un impacto moderado en la inflación (que también se ve afectada por el aumento en los precios de combustibles a global), que podría acercarse a 7% anual en la segunda mitad de este año”, proyectó el analista de Control Risks.
Riesgos inflacionarios
Julio Romero, economista Jefe del equipo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, dice a Bloomberg Línea que desde el aumento del salario mínimo en 2026 se observan efectos sobre la inflación, especialmente en el componente de servicios, que es particularmente sensible a los ajustes del salario mínimo.
Además, señala que se ha producido un choque de expectativas y una respuesta del Banco de la República que ha llevado a incrementos en las tasas de interés.
Para las empresas, dice que esto implica un doble impacto: por un lado, mayores costos laborales que aún no se habrían reflejado plenamente en su totalidad, y por otro, ajustes en la estructura de costos para intentar amortiguar el choque.
Sin embargo, advierte que estos efectos tienden a materializarse con el tiempo en mayores niveles de informalidad y posiblemente en presiones sobre el empleo, ya que el ajuste en el mercado laboral es más lento que el impacto inflacionario.
Romero indica que si se diera un nuevo aumento por encima de la inflación, habría mayor presión sobre el mercado de trabajo, más incertidumbre y posiblemente una nueva revisión de la política monetaria por parte del Banco de la República.
Ricardo Triana Soto, director ejecutivo del Consejo de Empresas Americanas (CEA), expresó a este medio que cuando estos aumentos no están acompañados de mejoras equivalentes en productividad, pueden afectar la generación de empleo formal y limitar la capacidad de inversión y crecimiento de las empresas.
“Consideramos fundamental que la política salarial encuentre un equilibrio entre la protección del ingreso de los trabajadores, la sostenibilidad de las empresas y la competitividad de la economía”, consideró Ricardo Triana. “Para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible, es indispensable que la evolución de los salarios avance de la mano con la productividad”.
Enfoques del salario mínimo
Iván Cepeda, candidato de izquierda a la Presidencia de Colombia y líder de las últimas encuestas, respaldó en su momento el aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno de Gustavo Petro del 23%, al considerar que con esta decisión se “profundizan conquistas sociales esenciales”.
“Respaldo esta trascendental decisión por razones éticas y económicas. Constituye una clara opción para derrotar la pobreza, reducir la desigualdad y generar condiciones para la vida digna. Reafirma que el programa social debe ser el criterio fundamental para las decisiones económicas y un aspecto central de la vida política”, indicó en su cuenta de X.
La candidata de derecha Paloma Valencia ha dicho que también respalda el aumento del salario mínimo, pero dado que no se bajan los impuestos este “era insostenible” debido la alta alta contribución de las pequeñas empresas al aparato productivo colombiano.
“Cuando tienes que pagar una carga tributaria altísima, y además hay un salario muy alto, lo que termina pasando es que despiden colombianos”, dijo Valencia a El Tiempo.
Entre tanto, el candidato de la ultraderecha Abelardo de la Espriella dijo a Semana que el aumento del salario mínimo debe darse de “manera más responsable, sin populismo”.
“Es decir, para que se pueda aumentar el salario, debe haber un crecimiento fuerte y sostenido de la economía; si no, eso genera un problema macroeconómico. No solamente es ver el problema, sino también la solución”, apuntó De la Espriella.
Alejandro Mantilla Quijano, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, considera que figuras como Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia representarían una visión de “economía ortodoxa” o “neoliberal” que “prioriza la viabilidad de la inversión privada y la estabilidad monetaria por encima de la capacidad de ingreso de la clase trabajadora”.
“En ese orden creo que tendrían una política tanto De la Espriella como Valencia de un aumento muy ligado al índice de precios del consumidor sin generar un mayor cambio positivo para la capacidad de ingreso de los trabajadores”, apuntó.
En contraste, un eventual gobierno de Iván Cepeda mantendría una línea similar a la de Gustavo Petro, orientada a “un mejoramiento del salario los trabajadores”, en el marco del principio constitucional del salario mínimo vital y móvil.
En cuanto a las candidaturas promercado, opina el analista José Andrés Rueda Montaño, “es claro que se puede esperar un regreso a criterios técnicos, regidos por una medición de la productividad, idealmente priorizando la formalización de la economía”.
Rueda Montaño, docente Maestría en Administración – MBA de la Universidad de América, dice que candidaturas como las del candidato Abelardo podrían apuntar a promover el ajuste fiscal y fortalecimiento del sector privado, lo que pasa por “unos costos laborales conectados con la economía y una inflación controlada que no necesite crecimientos desbordados del salario mínimo”.
Respecto a la candidata Paloma Valencia, dice que podría enfocarse en la estabilidad macro, una recuperación de la inversión y un fortalecimiento empresarial, “siendo muy cercanas las propuestas de estas dos candidaturas, que tienen dos expertos en economía como formulas vicepresidenciales”.
En cuanto a la campaña del izquierdista Iván Cepeda, señala que si su interés es profundizar los cambios actuales sociales, “tiene como propuesta una reforma laboral centrada en derechos más allá de los cálculos técnicos, que puede generar desequilibrios en la economía del país y que no genera sinergias para todos los actores involucrados en el proceso económico”.
“Estas visiones diferenciadas en las elecciones del país representan la polarización actual de cara a las elecciones”, apuntó Rueda Montaño. “No se trata simplemente de una discusión política o de popularidad sobre quién propone el mayor aumento salarial. Las mejoras estructurales en una economía suelen construirse lentamente, mientras que los desequilibrios pueden deteriorar rápidamente las condiciones laborales y empresariales”.
Según indica el académico, el salario mínimo en Colombia suele interpretarse como un indicador del bienestar económico.
Sin embargo, también refleja la capacidad real de una economía para generar empleo formal y productividad.
En un contexto como el colombiano, en el que el crecimiento económico se ha desacelerado en varios sectores en este 2026, dice que “los incrementos salariales deberían guardar coherencia con la productividad y con la capacidad de contratación del sector privado”.
En los últimos años, dice que el Estado se ha convertido en uno de los principales generadores de empleo y contratación en el país, “incluyendo un crecimiento importante de contratos por prestación de servicios (OPS), que han crecido del 2020 al 2025 más de un 44% según cifras del SECOP”.
En su visión, esto genera una desconexión entre el comportamiento del salario mínimo y la dinámica productiva de amplios sectores de la economía.
Colombia, además, presenta una alta concentración de ingresos bajos y medios-bajos.
De acuerdo con Rueda Montaño, estimaciones basadas en cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) muestran que cerca del 84% de los trabajadores perciben ingresos inferiores a tres salarios mínimos. “Esto implica que cualquier incremento significativo del salario mínimo tiene efectos masivos sobre la estructura de costos de la economía”.
